El gobierno de Raúl Alfonsín desde un comienzo había estado amenazado por algunos sectores de las Fuerzas Armadas que se oponían a aceptar el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos producidas entre 1976 y 1983, a través del recordado juicio a las Juntas Militares impulsado por el gobierno con la creación de la CONADEP y las posteriores causas contra militares de menor rango.
En un intento de mantener bajo control el descontento militar, en 1986 el Poder Ejecutivo envió al Congreso nacional la Ley de Punto Final, promulgada el 24 de diciembre de ese año, que establecía la paralización de los procesos judiciales contra los autores de las detenciones ilegales, torturas y asesinatos que tuvieron lugar en la etapa de la última dictadura militar.
Textualmente la ley expresaba que "se extinguirá la acción penal contra toda persona que hubiere cometido delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política hasta el 10 de diciembre de 1983", imponiendo un plazo de 60 días para procesar a los acusados de delitos de lesa humanidad.
La sanción de esta ley no logró satisfacer las demandas militares y para la Semana Santa de 1987 se produjo una rebelión militar en Campo de Mayo compuesta en su mayoría por jóvenes oficiales denominados “carapintadas”, bajo el mando del teniente coronel Aldo Rico.
Los reclamos de este grupo militar incluían la destitución del jefe del Ejército, el general Héctor Ríos Ereñú, planteando que los jefes que impartieron las órdenes “hoy están en libertad desprocesados, ascendidos y gozando de un privilegio que no merecen".
Al respecto el propio Rico manifestaba que “si quienes dieron las órdenes van a la justicia no tenemos ningún problema en ir todos a la justicia, pero ningún hombre de bien que vista uniforme militar puede ampararse escudándose en el sacrificio de sus subalternos”.
Durante esos días se temió que se llegara a una guerra civil, ya que mientras los jefes militares no se mostraban dispuestos a obedecer las órdenes del presidente Alfonsín para reprimir la insurrección, gran cantidad de civiles salió a las calles para manifestarse en oposición a los militares, recordando que todavía no se habían cumplido ni cinco años de la finalización de la última dictadura militar.
El primer anuncio público del presidente Alfonsín desde el comienzo de la rebelión, fue el envío de tropas supuestamente leales al gobierno, para exigir a los rebeldes que depusieran su actitud golpista.
A las pocas horas de este anuncio se comprobaría que esas tropas en realidad no existían, ya que las unidades militares que se encontraban en Capital Federal y en sectores cercanos se rehusaban a enfrentar a sus pares.
En ese momento sólo el General Ernesto Alais se mostró dispuesto a obedecer la decisión presidencial y avanzó con sus tropas desde su guarnición en la provincia de Corrientes hacia Campo de Mayo, pero cuando llegaron a Zárate, ya en la provincia de Buenos Aires, sus oficiales de rango intermedio cambiaron de idea y manifestaron su decisión de interrumpir el avance contra sus pares.
Tiempo después se ha llegado a saber que el propio Alfonsín, en ese momento fuera de quicio, quiso encabezar una marcha con la multitud que se congregaba en Plaza de Mayo hacia donde se desarrollaba la insurrección, actitud que finalmente no llevó a cabo ya que podría haber ocasionado una guerra civil.
La decisión del primer mandatario fue trasladarse personalmente en helicóptero a Campo de Mayo a reunirse con los líderes carapintadas.
Algunas horas después el propio Alfonsín anunció desde los balcones de la Casa Rosada que la insurrección había terminado, intentando ocultar la crisis en la que se encontraba el país, en lo que supuestamente se anunciaba como una victoria sin concesiones del gobierno democrático.
Ese 30 de abril Alfonsín manifestó ante la gran cantidad de gente que se congregaba en Plaza de Mayo, que "la casa está en orden, felices Pascuas", en lo que posteriormente se transformó en una de las frases políticas más recordadas de las últimas décadas.
Lo cierto es que el presidente no contaba con el poder militar necesario como para detener la insurrección y conociendo esta situación, negoció con los líderes carapintadas que no se producirían nuevos juicios contra militares por violación de los derechos humanos.
Esas medidas se concretaron posteriormente en la Ley de Obediencia Debida y en el reemplazo del general Héctor Ríos Ereñú por el general José Dante Caridi.
La Ley de Obediencia Debida fue dictada el 4 de junio de 1987, estableciendo que los hechos cometidos por los miembros de las fuerzas armadas, durante la guerra sucia y el denominado Proceso de Reorganización Nacional, no eran punibles por haber actuado en virtud de obediencia debida.
Mediante esta ley se eximía a los militares por debajo del grado de coronel, de la responsabilidad en los delitos cometidos bajo mandato castrense.
Aunque los líderes carapintadas fueron arrestados, juzgados y condenados a prisión, la mayoría de los participantes en los hechos no recibió castigo, y aún los cabecillas fueron indultados durante la presidencia de Carlos Menem en 1989.
A partir de entonces, la leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron fuertemente criticadas desde distintas organizaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles e incluso sectores internos del radicalismo.
Estas leyes, junto con los indultos a los jefes militares y guerrilleros condenados, concedidos por Carlos Saúl Menem en 1989, fueron conocidas como las leyes de la impunidad, hasta que fueron derogadas por el Congreso de la Nación en el año 2003.
En esa ocasión el mismo Alfonsín apoyó la nulidad de las leyes, aunque se encargó de aclarar que le correspondía a la Suprema Corte de Justicia llevar a cabo dicha medida.
Desde 1987 hasta la fecha mucho se ha llegado a escuchar sobre la decisión del presidente Alfonsín de detener los juicios contra los militares acusados por los delitos cometidos durante la última dictadura militar.
Pero tanto los más críticos como los que apoyaron esas medidas, llegaron a manifestar cierta comprensión ya que para ese entonces las Fuerzas Armadas no obedecían las órdenes del Poder Ejecutivo y el gobierno aun no contaba con poder como para frenar las insurrecciones sin las mencionadas concesiones.
Al día de hoy aun se recuerda lo sucedido en la Semana Santa de 1987 y también es conocido el hecho de que esta situación fue un punto de inflexión en la popularidad de Alfonsín, lo cual se evidenció en las elecciones para gobernadores y legisladores que se desarrollaron ese mismo año y donde la UCR recibió un duro golpe electoral.
Pero también es válido destacar que Raúl Alfonsín pudo entregar su mandato a otro presidente democrático de un partido político diferente, lo cual no sucedía desde 1916.
Y al mismo tiempo, desde su asunción en 1983 Argentina inició el período democrático más extenso de su historia.
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