Los obispos están muy disgustados porque casi 300 mil chicos de escasos recursos están próximos a dejar de cobrar la asignación mensual por hijo, una ayuda de $ 180 que la presidenta enarbola como una de sus grandes medidas sociales.
¿La razón?:
El Gobierno no acepta que el certificado de escolaridad que deben presentar los padres para seguir cobrando el beneficio provenga de colegios privados, que, en su mayoría, son gestionados por el catolicismo.
El vocero de la preocupación eclesiástica fue el presidente del Consejo de Educación Católica (Consudec), que agrupa a los 3.000 colegios católicos de todo el país, padre Alberto Bustamante.
“Es una evidente discriminación”, le dijo a Clarín.
“Estos chicos van a escuelas que muchas veces tienen una cuota menor a lo que se paga por la cooperadora en una estatal o están becados”, agregó.
Y precisó: “Calculamos que son unos 280.000 alumnos distribuidos en unos 700 colegios los que están por perder la ayuda”.
La reglamentación oficial establece que para cobrar la asignación por hijo debe presentarse una libreta donde conste, en el caso de los niños de más de cinco años, la certificación del “cumplimiento del ciclo escolar en establecimientos públicos”.
La Iglesia dice que, según la legislación, todos los colegios son públicos, unos de gestión estatal y otros de gestión privada.
Pero en las delegaciones de la Anses -el organismo estatal que paga la ayuda- afirman tener instrucciones de no admitir las certificaciones de colegios privados.
El padre o la madre de escasos recursos vienen cobrando desde noviembre $ 144 mensuales, más los restantes $ 36 cuando presentan la libreta con la certificación de la escolaridad, más la de vacunación.
Como la Anses fijó hasta el 30 de junio el plazo para la primera presentación de la libreta, los padres de los chicos que van a las escuelas privadas dejarán de recibir desde ese momento los $ 144 más el acumulado de los $ 36 pesos.
“Desde octubre estamos haciendo gestiones, pero sin éxito”, dijo Bustamante.
En medios gubernamentales se dice que no corresponde que el Estado subsidie a familias que están en condiciones de pagar una cuota.
Ni tampoco es procedente hacerlo si la escuela privada tiene financiamiento estatal y los padres pagan una cuota mensual más baja, porque ya reciben un subsidio estatal”.
Con relación a ese último argumento, el padre Bustamante consideró que “mediante ese criterio se le está negando a los padres de escasos recursos el derecho de elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos; sólo los padres ricos podrían entonces optar con libertad”.
Curiosamente, fue la Iglesia, a través del presidente de la Pastoral Social, Jorge Casaretto, la principal promotora de la asignación por hijo pobre.
La idea original de Casaretto era que la ayuda fuese sancionada por una ley que fuera ampliamente consensuada con todos los sectores y tuviera un carácter universal.
“Debe ser un reconocimiento de un derecho”, decía.
El Gobierno, sin embargo, se apuró el año pasado a sacarla por decreto y capitalizar políticamente así la medida.
Además, los expertos de la Iglesia dicen que -si bien su alcance se fue ampliando- no es completamente universal.
Esto, alegan, además de implicar una injusticia, motiva las sospechas de un uso clientelar de la ayuda, práctica que el Gobierno ejercitó con otros planes.
Desde la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, la Casa Rosada colocó a la Iglesia en el bando de los enemigos por sus documentos y homilías, que siempre juzgó críticas a su gestión.
Con Cristina Fernández como presidenta, el vínculo mejoró algo:
a diferencia de su marido, que estuvo tres años sin reunirse con el cardenal Jorge Bergoglio, ella lo vio tres veces, la última el mes pasado.
Pero el vínculo dista de ser plácido.
La Capital -Rosario
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