El Ejército excluyó de la promoción a familiares de oficiales que actuaron durante la dictadura.
El Ejército inauguró un controvertido sistema de freno a los ascensos de sus oficiales superiores para evitarle al Ministerio de Defensa el costo político de rechazarlos por motivos que no pudieran ser justificados con contundencia.
Sin argumentaciones y sin presentar siquiera sus legajos, la junta de calificaciones integrada por 29 generales rechazó recientemente los ascensos al rango de coronel de 10 oficiales.
La decisión se tomó por 27 votos a favor de frenar los ascensos y dos en contra tras la simple lectura de los 10 nombres por parte del general de brigada César Milani, director general de Inteligencia del Ejército, a quien sus pares señalan como el nexo entre el jefe de la fuerza, teniente general Luis Pozzi, y la ministra de Defensa, Nilda Garré.
Diversas fuentes que tuvieron acceso a los trámites de ascensos en el Ejército dejaron trascender a La Nacion que durante ese encuentro el general Milani leyó los nombres de los 10 oficiales que no iban a ser propuestos para su cambio de rango e hizo alusión a que se trataba de la “política de la fuerza”.
Los diez afectados son los tenientes coroneles:
Mario Díaz (hijo del fallecido teniente general Mario Cándido Díaz),
Luis y Gustavo Cattáneo (hijos del general Alberto Cattáneo),
Guillermo Saá (sobrino del general Juan Saá),
Julio Ballofet (hijo del coronel Julio Ballofet),
Justo Rojas Alcorta (hijo del coronel Justo Jacobo Rojas Alcorta),
Roberto Vega (cuestionó al ERP en un homenaje por el combate de Manchalá),
Roberto Ruzzante (se preocupó por el coronel Alejandro Duret, que estuvo preso en Campo de Mayo),
Oscar Faisal (que habría asistido a familiares de militares juzgados en Corrientes)
Hugo Gallard (hijo de un suboficial atacado por subversivos durante la dictadura, a los que enfrentó).
“Discriminación ideológica o portación de apellido”, resumieron varias fuentes militares que siguieron de cerca el episodio y que generó dos reacciones tan sorprendentes como el nuevo mecanismo inaugurado en el Ejército: la junta de calificación integrada por los siete generales más antiguos rechazó en primera instancia esa decisión y, en segunda revisión, algunos generales cambiaron su voto.
Como consecuencia pidieron el retiro inmediato los generales de división Eduardo Anschutz (inspector general del Ejército) y el general Jorge Gómez.
No es la primera vez que se generan problemas en los ascensos de oficiales por cuestiones vinculadas con los derechos humanos, admitieron fuentes de trato directo con el jefe del Ejército, las que contabilizaron un número no menor de 40 hombres pasados a retiro por ese tema desde que Nilda Garré asumió el ministerio.
El nuevo mecanismo genera una barrera para los oficiales superiores que, como sus nombres no son vetados por el poder político, sino por sus superiores militares, no tienen instancias de reclamo ante la Comisión de Asuntos del Senado, ya que sólo tratan las postulaciones que se le acercan y no los trámites internos que quedan truncos.
Hace poco más de un mes, un grupo de coroneles que calificaban para ascender a generales, con el mismo inconveniente de portar apellido vinculado con efectivos en actividad durante la dictadura, pidieron ser escuchados por los senadores, los que no rechazaron la posibilidad pero les aconsejaron que contaran con la aprobación de Garré.
No lograron el permiso.
Entre otros, quedaron sin poder plantear sus reclamos el coronel Edgardo Calvi, hijo del general homónimo que integró la cúpula militar durante la Guerra de Malvinas.
Sin costo político: El cambio efectuado en el sistema de ascensos le evita a la ministra Nilda Garré (foto) asumir el costo de explicar las razones por las que no promueve oficiales a rangos superiores.
Sin reclamos: el nuevo mecanismo instaurado por el jefe del Ejército no incluye argumentaciones para avalar las decisiones.
En alza: se estima que en los últimos cuatro años al menos 40 oficiales han sido perjudicados por “discriminación ideológica”.
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